Recibido: 11-10-18 | aceptado: 11-12-18 | PDF del artículo | PDF del número completo
Leonardo Arauz Chavarría*
Este ensayo analiza algunos extractos de las prácticas discursivas estatales ejercidas a partir del 21 de abril. Se plantea la hipótesis de que, a través de estas prácticas, el Estado nicaragüense se ha consolidado como un Estado Mara, adjudicándose el derecho soberano de dar la muerte. Para ello, se hace una aproximación a la criminalización de la protesta, al establecimiento de relaciones de enemistad, al estado de excepción no declarado y a la ocupación perpetrada por las máquinas de guerra, retomando los papeles de la Policía Nacional, de los cuerpos parapoliciales y del Ministerio de Salud. Finalmente, retoma la propuesta de Judith Butler de que el duelo común es una forma de hacer política.
Palabras clave: discurso, necropolítica, soberanía, máquinas de guerra, duelo, violencia.
Contenido
1. Introducción
2. Definiciones preliminares
3. Criminalización de la protesta
4. De la ficcionalización a la cuestión de la soberanía
5. Sobre el estado de excepción y las máquinas de guerra
5.1. La ocupación de la Jean Paul Genie
5.2. Las máquinas de guerra
6. El poder del duelo público como modo de hacer política
7. A modo de recapitulación
8. Lista de referencias
9. Notas al pie
1. Introducción
2. Definiciones preliminares
3. Criminalización de la protesta
4. De la ficcionalización a la cuestión de la soberanía
5. Sobre el estado de excepción y las máquinas de guerra
5.1. La ocupación de la Jean Paul Genie
5.2. Las máquinas de guerra
6. El poder del duelo público como modo de hacer política
7. A modo de recapitulación
8. Lista de referencias
9. Notas al pie
Introducción
Es importante reconocer que las protestas iniciadas en abril pusieron de manifiesto tanto la vulnerabilidad del Estado como la nuestra ante este; digo «nuestra» refiriéndome a todas aquellas personas que pertenecemos a la generación de postguerra, que jamás habíamos visto caer uno de nuestros compañeros o que nunca habíamos tenido que correr debajo de las balas y de los gases lacrimógenos, para refugiarnos de los ataques de la Policía Nacional, institución que había sido considerada como “un ejemplo”, un “icono… un modelo a seguir” por algunos representantes de fuerzas públicas centroamericanas (Ortega Ramírez, 2017).
2. Es conocido que nuestra condición corporal nos sitúa en una posición de vulnerabilidad ante la violencia, sea al enfrentarnos al tráfico en las calles de Managua, al estar expuestos al maltrato doméstico... Pero la vulnerabilidad crece cuando nuestros cuerpos se lanzan a la esfera política para exigir el respeto de derechos, la creación de nuevos, etc., lo que Jacques Rancière denomina “ser pueblo” (2016). Cuando somos pueblo, es decir, cuando exigimos el respeto a nuestros derechos de manera pública, nuestra vulnerabilidad aumenta necesariamente porque no se lo exigimos a ciudadanos comunes, aunque en algunos casos así sea, sino al Estado, ya que es el garante del respeto de nuestros derechos. Pero ¿por qué la situación de vulnerabilidad de nuestros cuerpos crece ante el Estado nicaragüense, si este más bien debería velar por nuestra seguridad?
3. Antes del 19 de abril de 2018, día en que la administración sandinista hizo patente en las calles más concurridas de la capital la violencia de que es capaz, ya había dejado entrever su naturaleza irrespetuosa hacia la vida de los ciudadanos, en casos que parecían ser aislados. Hay varios ejemplos de ello, uno de los cuales es la masacre perpetrada en la comarca Las Jagüitas, el 11 de julio de 2015. Según el director del operativo y capitán de la Policía Nacional, Zacarías Salgado, sus oficiales asesinaron a tres miembros de una familia, tras ejecutar 48 disparos por “accidente”. Además de la paradoja que suscita la cantidad de disparos y la evidente justificación detrás el término «accidente»,[1] este caso me parece esencial para comprender la actual crisis sociopolítica que atravesamos, ya que nos advierte de al menos tres aseveraciones que se cumplen actualmente en nuestra sociedad: la primera es que el Estado tiene enemigos, cuyas vidas valen menos que las del resto de la población; la segunda, que las instituciones estatales no tienen mecanismos para la auto-investigación o prescinden de ellos a pesar de las demandas interpuestas por las víctimas; la tercera, que el Estado convierte a sus instancias, como la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (doep), en maquinarias de guerra bajo la justificación de resguardar la seguridad del país, justificación que, por otro lado, la mayoría de ciudadanos nicaragüenses avalamos en su momento.
4. Así, nuestra vulnerabilidad crece ante el Estado cuando le exigimos el respeto de nuestros derechos, ya que está compuesto por un entramado de instituciones poderosas y violentas que se resguardan entre sí, se recubren las unas a las otras; hablo de instituciones como la Policía, el Ejército, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial... Pienso que las aproximaciones al tema de la necropolítica estatal, expuestas más adelante, presentan una oportunidad tanto para tratar de comprender la actual crisis, como para reflexionar concienzudamente sobre la manera en cómo actúan las entidades públicas, estatales o no, y nosotros mismos como cuerpos políticos, como objetos vulnerables ante la violencia ejercida por sujetos con poder o como sujetos que ejercemos violencia a través de la omisión o del consentimiento.
5. Este ensayo responderá las siguientes preguntas: ¿de qué manera la noción de «necropolítica» logra explicar la forma en que el Estado de Nicaragua se ha atribuido el derecho de matar?, ¿cómo funcionan y qué representan dos de las maquinarias represivas oficiales, a saber, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud?, partiendo de la hipótesis de que a través de sus prácticas discursivas, el Estado nicaragüense se ha consolidado como un Estado Mara, adjudicándose el derecho soberano de dar la muerte; es decir, ejerciendo el necropoder.
2. Es conocido que nuestra condición corporal nos sitúa en una posición de vulnerabilidad ante la violencia, sea al enfrentarnos al tráfico en las calles de Managua, al estar expuestos al maltrato doméstico... Pero la vulnerabilidad crece cuando nuestros cuerpos se lanzan a la esfera política para exigir el respeto de derechos, la creación de nuevos, etc., lo que Jacques Rancière denomina “ser pueblo” (2016). Cuando somos pueblo, es decir, cuando exigimos el respeto a nuestros derechos de manera pública, nuestra vulnerabilidad aumenta necesariamente porque no se lo exigimos a ciudadanos comunes, aunque en algunos casos así sea, sino al Estado, ya que es el garante del respeto de nuestros derechos. Pero ¿por qué la situación de vulnerabilidad de nuestros cuerpos crece ante el Estado nicaragüense, si este más bien debería velar por nuestra seguridad?
3. Antes del 19 de abril de 2018, día en que la administración sandinista hizo patente en las calles más concurridas de la capital la violencia de que es capaz, ya había dejado entrever su naturaleza irrespetuosa hacia la vida de los ciudadanos, en casos que parecían ser aislados. Hay varios ejemplos de ello, uno de los cuales es la masacre perpetrada en la comarca Las Jagüitas, el 11 de julio de 2015. Según el director del operativo y capitán de la Policía Nacional, Zacarías Salgado, sus oficiales asesinaron a tres miembros de una familia, tras ejecutar 48 disparos por “accidente”. Además de la paradoja que suscita la cantidad de disparos y la evidente justificación detrás el término «accidente»,[1] este caso me parece esencial para comprender la actual crisis sociopolítica que atravesamos, ya que nos advierte de al menos tres aseveraciones que se cumplen actualmente en nuestra sociedad: la primera es que el Estado tiene enemigos, cuyas vidas valen menos que las del resto de la población; la segunda, que las instituciones estatales no tienen mecanismos para la auto-investigación o prescinden de ellos a pesar de las demandas interpuestas por las víctimas; la tercera, que el Estado convierte a sus instancias, como la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (doep), en maquinarias de guerra bajo la justificación de resguardar la seguridad del país, justificación que, por otro lado, la mayoría de ciudadanos nicaragüenses avalamos en su momento.
4. Así, nuestra vulnerabilidad crece ante el Estado cuando le exigimos el respeto de nuestros derechos, ya que está compuesto por un entramado de instituciones poderosas y violentas que se resguardan entre sí, se recubren las unas a las otras; hablo de instituciones como la Policía, el Ejército, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial... Pienso que las aproximaciones al tema de la necropolítica estatal, expuestas más adelante, presentan una oportunidad tanto para tratar de comprender la actual crisis, como para reflexionar concienzudamente sobre la manera en cómo actúan las entidades públicas, estatales o no, y nosotros mismos como cuerpos políticos, como objetos vulnerables ante la violencia ejercida por sujetos con poder o como sujetos que ejercemos violencia a través de la omisión o del consentimiento.
5. Este ensayo responderá las siguientes preguntas: ¿de qué manera la noción de «necropolítica» logra explicar la forma en que el Estado de Nicaragua se ha atribuido el derecho de matar?, ¿cómo funcionan y qué representan dos de las maquinarias represivas oficiales, a saber, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud?, partiendo de la hipótesis de que a través de sus prácticas discursivas, el Estado nicaragüense se ha consolidado como un Estado Mara, adjudicándose el derecho soberano de dar la muerte; es decir, ejerciendo el necropoder.
Definiciones preliminares
6. Para llevarlo a cabo, me parece pertinente recurrir a la noción de «necropolítica», expuesta en la obra homónima del filósofo camerunés de tradición foucaultiana Achille Mbembe. Él desarrolla su teoría para demostrar que la categoría de «biopoder» no es suficiente para explicar las relaciones de poder, basadas en la violencia, que se viven en África; así, Falomir Archambault, traductora de Necropolítica y redactora del estudio introductorio, llega a aseverar que “el biopoder… se nos presenta como el antecedente del necropoder” (2011, p. 14). Cabe aclarar que esta teoría es usualmente empleada para explicar las relaciones entre los gobiernos neoliberales y los ciudadanos; se escapa a los objetivos de este ensayo determinar si el nicaragüense es un Estado que está (o no) siendo gestionado por un gobierno neoliberal.
7. Mbembe recurre a una revisión histórica que data desde las colonias, centrándose en las que ocuparon terreno africano. Es en estas donde encuentra el origen de los Estados modernos a los que, según Foucault, está inscrito “el derecho soberano de matar” (Mbembe, 2011, p. 23). Además, desarrolla una discusión teórica acerca de la noción de «soberanía», bajo la cual se justifican todos los actos necropolíticos de los Estados modernos, y cómo estos se configuran a partir de la percepción del Otro, de la ocupación, de la evolución de las máquinas de guerra y la heteronomía. En este análisis, se emplearán las primeras tres.
8. Por otro lado, considero que las nociones de «violencia» y «duelo»; desarrolladas por la filósofa Judith Butler en su obra Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, escrita en el contexto posterior al atentado del 11 de septiembre; son necesarias para analizar el objeto de estudio y para poder aportar una visión esperanzadora. Para Butler, el duelo, lejos de ser algo personal y, por tanto, apolítico, “permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos [entre la persona que se ha perdido y el doliente]” (2006, pp. 48-49). Por otro lado, afirma que la violencia es la “explotación” de estos lazos que forman comunidad y que son la “forma original por la que existimos, como cuerpo, fuera de nosotros y para otros” (p. 54). En otras palabras, la violencia es el resultado de que nuestras relaciones con el Otro exploten; en muchos casos esta violencia genera muerte, de la que se deriva el dolor por la pérdida que podría pivotar una comunidad política y, me permito agregar, pacífica contra la violencia estatal.
7. Mbembe recurre a una revisión histórica que data desde las colonias, centrándose en las que ocuparon terreno africano. Es en estas donde encuentra el origen de los Estados modernos a los que, según Foucault, está inscrito “el derecho soberano de matar” (Mbembe, 2011, p. 23). Además, desarrolla una discusión teórica acerca de la noción de «soberanía», bajo la cual se justifican todos los actos necropolíticos de los Estados modernos, y cómo estos se configuran a partir de la percepción del Otro, de la ocupación, de la evolución de las máquinas de guerra y la heteronomía. En este análisis, se emplearán las primeras tres.
8. Por otro lado, considero que las nociones de «violencia» y «duelo»; desarrolladas por la filósofa Judith Butler en su obra Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, escrita en el contexto posterior al atentado del 11 de septiembre; son necesarias para analizar el objeto de estudio y para poder aportar una visión esperanzadora. Para Butler, el duelo, lejos de ser algo personal y, por tanto, apolítico, “permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos [entre la persona que se ha perdido y el doliente]” (2006, pp. 48-49). Por otro lado, afirma que la violencia es la “explotación” de estos lazos que forman comunidad y que son la “forma original por la que existimos, como cuerpo, fuera de nosotros y para otros” (p. 54). En otras palabras, la violencia es el resultado de que nuestras relaciones con el Otro exploten; en muchos casos esta violencia genera muerte, de la que se deriva el dolor por la pérdida que podría pivotar una comunidad política y, me permito agregar, pacífica contra la violencia estatal.
Criminalización de la protesta
9. Todo derecho de matar tiene una base normativa, a la que volveré más adelante, basada en la idea de «soberanía». Así, Mbembe, alejándose de las definiciones provistas por las ciencias políticas, sustenta su análisis en la hipótesis de que la expresión última de la soberanía moderna reside en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Incluso, llega a aseverar que “la guerra también es un medio de establecer soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho soberano a dar la muerte” (2011, p. 20). Pues bien, ¿de qué manera el Estado de Nicaragua, en tiempos de paz,[2] ha ejercido el derecho de dar la muerte, usando como justificación la idea de «soberanía»?
10. Para responder esta cuestión, es necesario remitirse al primer discurso presidencial respecto de la crisis, esto es, el del 21 de abril. En este, el Presidente de Nicaragua justifica implícitamente la represión violenta que la Policía Nacional había ejercido sobre los manifestantes, aseverando que ha habido una criminalización de las protestas: “Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente criminalizando la protesta, la están criminalizando…” (El 19 Digital, 21 de abril de 2018). Lejos de llegar a la conclusión de una efectiva criminalización de la protesta, el Presidente deja entrever las prácticas necropolíticas estatales que habían tenido lugar hasta entonces.
11. La (in)validación de su argumento va de la siguiente forma: en primer lugar, hay protestas; en segundo lugar, movimientos políticos manipulan a miembros de pandillas para que se involucren en las protestas; luego las protestas son criminales. Pero que las protestas sean “criminales” no deriva de que miembros de pandillas participen en ellas; por el contrario, lo que se observa en este argumento es una mutilación de los derechos políticos de ciudadanos que efectivamente pertenecen a pandillas y, además, una extensión del término «pandilla» que pretende justificar la manera de proceder de la Policía Nacional en días anteriores al 21 de abril.[3] Este extracto también nos sitúa ante lo que Achille Mbembe denomina como la producción de «enemigos ficcionalizados». Al emplear este término, no estoy en ningún momento tratando de obviar la existencia real de pandillas en Nicaragua; al contrario, existen y considero que sus miembros no deberían ser criminalizados por ejercer sus derechos políticos como ciudadanos nicaragüenses.
12. Entonces, cuando en este ensayo hablo de la producción de enemigos ficcionalizados, me refiero específicamente a la extensión de términos entendidos y enunciados comúnmente de manera peyorativa para nombrar a un grupo de personas con las que el Estado ha tenido relaciones de enemistad hacia otro que no constituye necesariamente una amenaza. En este caso, hablamos particularmente del término «pandilla», que ha sido extendido de las pandillas-en-sí a los estudiantes que se manifestaban. De esta forma, las relaciones de enemistad entre el Estado y la población se configuran con base en la producción de un enemigo ficcionalizado a partir de la extensión de características propias de enemigos estatales reales. ¿Puede esta extensión justificar la forma violenta de proceder de la Policía Nacional en contra de los manifestantes?, ¿justificaría, específicamente, el acto de dar la muerte?, ¿acaso las vidas de pandilleros valen menos o, peor aún, no valen ante el Estado?
13. De acuerdo con Andrés Pérez Baltodano, desde que el fsln entró al poder, en Nicaragua se ha gestado lo que él denomina un “Estado Mara”. Cabría entonces preguntarse qué lleva a una mara a dar la muerte y, en nuestro contexto, qué ha llevado al Estado Mara nicaragüense a dar la muerte. Para Pérez Baltodano, la identidad de una mara se define por su antagonismo con el resto de la sociedad y, asimismo, la mara estatal deriva su identidad de su “oposición con cualquier grupo que sea o pueda convertirse en un obstáculo para su permanencia en el poder” (2007). Con el objetivo de superar estos obstáculos, la mara gobernante ha tratado de “eliminar” al enemigo que ella misma ha producido.
14. Por «eliminar», me refiero no solamente a la dimensión biofísica del enemigo, sino también a su dimensión política. Con esto, nuestro Estado Mara no solamente supera su obstáculo, sino que reafirma su identidad violenta; es una relación dialéctica de negación y reafirmación, se niega al enemigo asesinándolo y se reafirma a sí mismo a través de los perpetradores del asesinato, sean estos la Policía Nacional, los cuerpos parapoliciales, el Ministerio de Salud..., se niega al enemigo encarcelándolo y se reafirma a sí mismo como un Estado justo. En definitiva, la represión y masacre desatadas en contra de los manifestantes pacíficos se basa en la ficcionalización y tiene por objetivo reafirmar la identidad violenta de nuestra mara gobernante para superar los obstáculos que le impedirían permanecer en el poder.
15. Hasta aquí, hemos analizado: 1) cómo el Estado ha producido un enemigo ficcionalizado, a partir de la extensión del término «pandilla» hacia los grupos de manifestantes; y 2) cómo se ha reafirmado a sí mismo a través de la matanza del enemigo que él mismo ha producido y que está constantemente produciendo. Me he limitado a la asociación de manifestantes con pandillas, pero la fórmula se reproduce en otros de sus enemigos, como el narcotráfico, los autodenominados «partidos de oposición (o de derecha)» y el imperialismo yanqui.[4] Ya en 2007, Pérez Baltodano advertía que “tanto para las pandillas como para el Estado Mara, la identificación y lucha contra enemigos concretos tiene sus límites porque a veces los enemigos de carne y hueso pueden escasear”. Cuando escasea, se procede a la producción de un enemigo abstracto, en palabras de Pérez Baltodano; en las de Mbembe, enemigos ficcionalizados. El filósofo camerunés asegura que el poder hace referencia continua e invoca una noción «ficcionalizada» del enemigo, y que trabaja también para producirlos (Mbembe, 2011, p. 21).[5] Entonces, ¿cómo están vinculadas las nociones mbembianas de «relaciones de enemistad» y «soberanía», para que el Estado nicaragüense se haya atribuido el derecho de dar la muerte?
10. Para responder esta cuestión, es necesario remitirse al primer discurso presidencial respecto de la crisis, esto es, el del 21 de abril. En este, el Presidente de Nicaragua justifica implícitamente la represión violenta que la Policía Nacional había ejercido sobre los manifestantes, aseverando que ha habido una criminalización de las protestas: “Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente criminalizando la protesta, la están criminalizando…” (El 19 Digital, 21 de abril de 2018). Lejos de llegar a la conclusión de una efectiva criminalización de la protesta, el Presidente deja entrever las prácticas necropolíticas estatales que habían tenido lugar hasta entonces.
11. La (in)validación de su argumento va de la siguiente forma: en primer lugar, hay protestas; en segundo lugar, movimientos políticos manipulan a miembros de pandillas para que se involucren en las protestas; luego las protestas son criminales. Pero que las protestas sean “criminales” no deriva de que miembros de pandillas participen en ellas; por el contrario, lo que se observa en este argumento es una mutilación de los derechos políticos de ciudadanos que efectivamente pertenecen a pandillas y, además, una extensión del término «pandilla» que pretende justificar la manera de proceder de la Policía Nacional en días anteriores al 21 de abril.[3] Este extracto también nos sitúa ante lo que Achille Mbembe denomina como la producción de «enemigos ficcionalizados». Al emplear este término, no estoy en ningún momento tratando de obviar la existencia real de pandillas en Nicaragua; al contrario, existen y considero que sus miembros no deberían ser criminalizados por ejercer sus derechos políticos como ciudadanos nicaragüenses.
12. Entonces, cuando en este ensayo hablo de la producción de enemigos ficcionalizados, me refiero específicamente a la extensión de términos entendidos y enunciados comúnmente de manera peyorativa para nombrar a un grupo de personas con las que el Estado ha tenido relaciones de enemistad hacia otro que no constituye necesariamente una amenaza. En este caso, hablamos particularmente del término «pandilla», que ha sido extendido de las pandillas-en-sí a los estudiantes que se manifestaban. De esta forma, las relaciones de enemistad entre el Estado y la población se configuran con base en la producción de un enemigo ficcionalizado a partir de la extensión de características propias de enemigos estatales reales. ¿Puede esta extensión justificar la forma violenta de proceder de la Policía Nacional en contra de los manifestantes?, ¿justificaría, específicamente, el acto de dar la muerte?, ¿acaso las vidas de pandilleros valen menos o, peor aún, no valen ante el Estado?
13. De acuerdo con Andrés Pérez Baltodano, desde que el fsln entró al poder, en Nicaragua se ha gestado lo que él denomina un “Estado Mara”. Cabría entonces preguntarse qué lleva a una mara a dar la muerte y, en nuestro contexto, qué ha llevado al Estado Mara nicaragüense a dar la muerte. Para Pérez Baltodano, la identidad de una mara se define por su antagonismo con el resto de la sociedad y, asimismo, la mara estatal deriva su identidad de su “oposición con cualquier grupo que sea o pueda convertirse en un obstáculo para su permanencia en el poder” (2007). Con el objetivo de superar estos obstáculos, la mara gobernante ha tratado de “eliminar” al enemigo que ella misma ha producido.
14. Por «eliminar», me refiero no solamente a la dimensión biofísica del enemigo, sino también a su dimensión política. Con esto, nuestro Estado Mara no solamente supera su obstáculo, sino que reafirma su identidad violenta; es una relación dialéctica de negación y reafirmación, se niega al enemigo asesinándolo y se reafirma a sí mismo a través de los perpetradores del asesinato, sean estos la Policía Nacional, los cuerpos parapoliciales, el Ministerio de Salud..., se niega al enemigo encarcelándolo y se reafirma a sí mismo como un Estado justo. En definitiva, la represión y masacre desatadas en contra de los manifestantes pacíficos se basa en la ficcionalización y tiene por objetivo reafirmar la identidad violenta de nuestra mara gobernante para superar los obstáculos que le impedirían permanecer en el poder.
15. Hasta aquí, hemos analizado: 1) cómo el Estado ha producido un enemigo ficcionalizado, a partir de la extensión del término «pandilla» hacia los grupos de manifestantes; y 2) cómo se ha reafirmado a sí mismo a través de la matanza del enemigo que él mismo ha producido y que está constantemente produciendo. Me he limitado a la asociación de manifestantes con pandillas, pero la fórmula se reproduce en otros de sus enemigos, como el narcotráfico, los autodenominados «partidos de oposición (o de derecha)» y el imperialismo yanqui.[4] Ya en 2007, Pérez Baltodano advertía que “tanto para las pandillas como para el Estado Mara, la identificación y lucha contra enemigos concretos tiene sus límites porque a veces los enemigos de carne y hueso pueden escasear”. Cuando escasea, se procede a la producción de un enemigo abstracto, en palabras de Pérez Baltodano; en las de Mbembe, enemigos ficcionalizados. El filósofo camerunés asegura que el poder hace referencia continua e invoca una noción «ficcionalizada» del enemigo, y que trabaja también para producirlos (Mbembe, 2011, p. 21).[5] Entonces, ¿cómo están vinculadas las nociones mbembianas de «relaciones de enemistad» y «soberanía», para que el Estado nicaragüense se haya atribuido el derecho de dar la muerte?
De la ficcionalización a la cuestión de la soberanía
16. Pues bien, al ficcionalizar a su enemigo y al hacer referencia continua a este, el Estado nicaragüense no solamente está mutilando de manera injustificada los derechos políticos de la ciudadanía que protesta, sino que también está incentivando en adeptos del fsln la percepción del Otro como un atentado a su vida, a la de su familia, a su Revolución y a la soberanía nacional. Mbembe considera que uno de los imaginarios más comunes de la última modernidad respecto de la soberanía es: “La percepción de la existencia del Otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y de seguridad” (Mbembe, 1995, p. 24). Como se dejó entrever en líneas anteriores, la producción del enemigo ha ido escalando de “pandillas” a “narcotraficantes” a “terroristas”. No es gratuito que el discurso oficial haya seleccionado la palabra «terrorismo» para representar su visión de lo que pasa en el país. El discurso oficial del fsln apela a lo que ha apelado en la sociedad nicaragüense desde que se instaló en el poder: el sentido de seguridad. ¿Justifica la idea de «seguridad» las matanzas, los asesinatos de quienes irrumpen en la denominada seguridad nacional?, ¿qué es lo que desvela el discurso respecto de nuestras prácticas políticas?
17. Como mencioné anteriormente, la masacre de Las Jagüitas parecía ser un hecho aislado, como muchos otros en que la doep y el Ejército han fungido como perpetradores de violencia. Pero ¿por qué no reaccionamos ante estos hechos violentos? Porque quisimos creer que vivíamos en el país más seguro de Centroamérica, como nos lo repitieron hasta la saciedad; no cuestionamos las atrocidades de estas dos máquinas de guerra justamente porque consentimos la justificación de que era por nuestra propia seguridad: nosotros también ficcionalizamos esos enemigos y les restamos humanidad. Al respecto, Rancière asevera que en la base de la política hay cierta estética que puede entenderse como “el sistema de formas a priori que determinan lo que se da a sentir” (2006, p. 10). En este caso particular, la estética en que se basó la acción política aquiescente de nuestra sociedad es una que determina quién debe ser asesinado por las fuerzas del Estado, en nombre de nuestra seguridad, y quién debe vivir; una estética necropolítica que no nos suscita repudio ante el asesinato de un narcotraficante o ante el uso desproporcional de la fuerza en la aprehensión de un pandillero.
18. Además, tiene que ver con nuestra situación geopolítica: la violencia estatal no se había acercado tanto, como para reaccionar; los asesinatos a manos del Estado Mara sucedían en zonas rurales, lejos de la ciudad, en las periferias. Y, sobre todo, eran asesinadas personas relacionadas con el narcotráfico, personas malas, no personas de bien como estudiantes o trabajadores; o al menos eso nos decían. Pero ¿acaso la vida de los narcotraficantes vale menos que la de los estudiantes?, ¿acaso solamente el Estado ha sido perpetrador de violencia ante los cuerpos políticos que están en los márgenes de la sociedad?
19. Hasta aquí, tenemos a tres entidades reconocidas: los citadinos (aún ajenos a las protestas), el gobierno y los manifestantes. El gobierno quiere reafirmarse y recuperar las calles; entonces, procede a asesinar a sus nuevos enemigos, los estudiantes. Los citadinos se levantan en contra del gobierno, no porque esté asesinando, sino porque está asesinando necesariamente a estudiantes y, por si fuera poco, en las calles de su propia ciudad. Esto no significa otra cosa que la violencia estatal ha tocado sus puertas y es hora de reaccionar. El Estado, por su parte, sigue con la ficcionalización que le permitirá emitir leyes anti-terrorismo y de reconciliación, aprehender ilegalmente a manifestantes, recuperar los espacios geopolíticos conquistados brevemente por estudiantes y la población que creyó en su causa, ejercer violencia no solo directa sino también a través de la omisión y, en suma, establecer un estado de excepción no declarado.
20. Este tiene un objetivo bien marcado: defender del enemigo lo que el Poder llama «soberanía nacional» y «revolución»; y defenderlas a muerte y con muerte. Dentro de una discusión teórica sobre la cuestión de la soberanía, Mbembe resalta una definición marxista que ayudaría a comprender las prácticas estatales para la supuesta emancipación. Plantea que “el sujeto de la modernidad marxista es fundamentalmente un sujeto que intenta demostrar su soberanía mediante la lucha a muerte” (Mbembe, 2011, p. 31). Esta aseveración coincide tanto con las prácticas del fsln durante la Revolución sandinista, como con las actuales prácticas y discursos del gobierno y sus adeptos; para ello, solo basta recordar el eslogan “patria libre o morir” o las constantes amenazas del «combatiente histórico» Edén Pastora hacia Mons. Silvio Báez y el resto de obispos.[6] Pero no es objeto de este ensayo elaborar una revisión histórica de la cuestión, sino más bien anotar que el concepto de soberanía a que aluden los discursos estatales es sobre el que se basan las acciones criminales del Estado, a mano de sus instancias de seguridad, como la Policía Nacional, o de las ministeriales, como el Ministerio de Salud.
17. Como mencioné anteriormente, la masacre de Las Jagüitas parecía ser un hecho aislado, como muchos otros en que la doep y el Ejército han fungido como perpetradores de violencia. Pero ¿por qué no reaccionamos ante estos hechos violentos? Porque quisimos creer que vivíamos en el país más seguro de Centroamérica, como nos lo repitieron hasta la saciedad; no cuestionamos las atrocidades de estas dos máquinas de guerra justamente porque consentimos la justificación de que era por nuestra propia seguridad: nosotros también ficcionalizamos esos enemigos y les restamos humanidad. Al respecto, Rancière asevera que en la base de la política hay cierta estética que puede entenderse como “el sistema de formas a priori que determinan lo que se da a sentir” (2006, p. 10). En este caso particular, la estética en que se basó la acción política aquiescente de nuestra sociedad es una que determina quién debe ser asesinado por las fuerzas del Estado, en nombre de nuestra seguridad, y quién debe vivir; una estética necropolítica que no nos suscita repudio ante el asesinato de un narcotraficante o ante el uso desproporcional de la fuerza en la aprehensión de un pandillero.
18. Además, tiene que ver con nuestra situación geopolítica: la violencia estatal no se había acercado tanto, como para reaccionar; los asesinatos a manos del Estado Mara sucedían en zonas rurales, lejos de la ciudad, en las periferias. Y, sobre todo, eran asesinadas personas relacionadas con el narcotráfico, personas malas, no personas de bien como estudiantes o trabajadores; o al menos eso nos decían. Pero ¿acaso la vida de los narcotraficantes vale menos que la de los estudiantes?, ¿acaso solamente el Estado ha sido perpetrador de violencia ante los cuerpos políticos que están en los márgenes de la sociedad?
19. Hasta aquí, tenemos a tres entidades reconocidas: los citadinos (aún ajenos a las protestas), el gobierno y los manifestantes. El gobierno quiere reafirmarse y recuperar las calles; entonces, procede a asesinar a sus nuevos enemigos, los estudiantes. Los citadinos se levantan en contra del gobierno, no porque esté asesinando, sino porque está asesinando necesariamente a estudiantes y, por si fuera poco, en las calles de su propia ciudad. Esto no significa otra cosa que la violencia estatal ha tocado sus puertas y es hora de reaccionar. El Estado, por su parte, sigue con la ficcionalización que le permitirá emitir leyes anti-terrorismo y de reconciliación, aprehender ilegalmente a manifestantes, recuperar los espacios geopolíticos conquistados brevemente por estudiantes y la población que creyó en su causa, ejercer violencia no solo directa sino también a través de la omisión y, en suma, establecer un estado de excepción no declarado.
20. Este tiene un objetivo bien marcado: defender del enemigo lo que el Poder llama «soberanía nacional» y «revolución»; y defenderlas a muerte y con muerte. Dentro de una discusión teórica sobre la cuestión de la soberanía, Mbembe resalta una definición marxista que ayudaría a comprender las prácticas estatales para la supuesta emancipación. Plantea que “el sujeto de la modernidad marxista es fundamentalmente un sujeto que intenta demostrar su soberanía mediante la lucha a muerte” (Mbembe, 2011, p. 31). Esta aseveración coincide tanto con las prácticas del fsln durante la Revolución sandinista, como con las actuales prácticas y discursos del gobierno y sus adeptos; para ello, solo basta recordar el eslogan “patria libre o morir” o las constantes amenazas del «combatiente histórico» Edén Pastora hacia Mons. Silvio Báez y el resto de obispos.[6] Pero no es objeto de este ensayo elaborar una revisión histórica de la cuestión, sino más bien anotar que el concepto de soberanía a que aluden los discursos estatales es sobre el que se basan las acciones criminales del Estado, a mano de sus instancias de seguridad, como la Policía Nacional, o de las ministeriales, como el Ministerio de Salud.
Sobre el estado de excepción y las máquinas de guerra
21. Para Mbembe, la base normativa para que un Estado se atribuya el derecho de dar la muerte tiene dos componentes: 1) las relaciones de enemistad, a las que ya nos hemos aproximado, y 2) el estado de excepción. Hay algunas figuras públicas que han reconocido el estado de excepción que se ha instalado en Nicaragua, entre ellas el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), Paulo Abrão, quien se ha referido a este como la cuarta fase de la represión.[7] Pues bien, ¿qué es lo que constituye al estado de excepción?, ¿cómo nuestro Estado Mara se ha abierto camino hacia este?
22. Después de que en el Diálogo Nacional se tomara la decisión de “levantar los tranques”, el Estado Mara procedió de la única forma que conoce para reafirmar su identidad: violentamente. De hecho, la violencia fue tal que constituye uno de los dos pilares que sostienen la primera fase de la represión, de acuerdo con la cidh. No solamente se trató del restablecimiento del derecho a la libre circulación, como pregonaban los defensores del gobierno, sino de retomar los espacios geopolíticos, de ocupar territorios y establecer un régimen de control, al mejor estilo de las ocupaciones coloniales. En la ocupación, el espacio es “la materia prima de la soberanía y de la violencia que acarrea” (Mbembe, 2011, p. 43). En este sentido, el filósofo camerunés aclara que en la ocupación colonial se trató de controlar física y geográficamente tanto el terreno como las relaciones sociales y espaciales, de producir líneas de marcación y de jerarquías.
22. Después de que en el Diálogo Nacional se tomara la decisión de “levantar los tranques”, el Estado Mara procedió de la única forma que conoce para reafirmar su identidad: violentamente. De hecho, la violencia fue tal que constituye uno de los dos pilares que sostienen la primera fase de la represión, de acuerdo con la cidh. No solamente se trató del restablecimiento del derecho a la libre circulación, como pregonaban los defensores del gobierno, sino de retomar los espacios geopolíticos, de ocupar territorios y establecer un régimen de control, al mejor estilo de las ocupaciones coloniales. En la ocupación, el espacio es “la materia prima de la soberanía y de la violencia que acarrea” (Mbembe, 2011, p. 43). En este sentido, el filósofo camerunés aclara que en la ocupación colonial se trató de controlar física y geográficamente tanto el terreno como las relaciones sociales y espaciales, de producir líneas de marcación y de jerarquías.
La ocupación de la Jean Paul Genie
23. Considero que el estado de excepción no decretado tiene su origen en la ocupación por parte de instancias estatales, como la Policía y los cuerpos parapoliciales. La ocupación de la rotonda Jean Paul Genie (jpg) tras la denominada «Operación Limpieza» es solamente un ejemplo que retomaré, puesto que este patrón violento, esta práctica colonial con variantes modernas fue replicada en cada sitio, ciudad, pueblo o territorio de Nicaragua donde hubo tranques o donde el pueblo se reunía para resistir. Incurriría en imprecisión si digo que en todos los levantamientos de tranques se ejerció una violencia directa, puesto que hubo algunos en que los «tranqueros» abandonaron sus puestos, tal vez por miedo a ser objeto de esa violencia. Lo que sí es seguro es que, tras levantar los tranques, el Estado Mara ocupó y sigue ocupando espacios, en un intento de convertirnos a los ciudadanos en seres apolíticos, despojándonos de nuestra capacidad para «ser pueblo» y cerrándonos las posibilidades de participación que nosotros mismos nos habíamos creado.
24. Procedamos a establecer un paralelismo entre el simbolismo de la obra Antígona y el de la rotonda jpg. En la obra de Sófocles, el rey Creonte ordena construir una tumba para Eteocles, quien había muerto defendiendo su patria; y ordena, por el contrario, que a Polinices se lo deje insepulto, que nadie lo llore y que sea devorado por las aves caninas y los perros (2012, p. 216). Polinices, a pesar de ser oriundo de la patria de Creonte, lucha contra esta y, por tanto, es calificado como un traidor y como tal no merece ni siquiera ser sepultado como todos los demás ciudadanos; su vida valía menos ante los ojos del Rey.
25. Este pasaje de Antígona muestra que la idea de soberanía de un país muchas veces es empleada para ejercer violencia, para decidir qué vidas valen y cuáles no. Mbembe nos recuerda que “la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene” en una nación cuya identidad se concibe como la identidad contra el Otro (2011, p. 46). Antígona simboliza la resistencia contra el necropoder de Creonte: no le obedece a él, sino a la compasión que le suscita la idea de que su hermano Polinices quede insepulto. Ella procede a darle sepultura según los rituales de la Antigua Grecia y posteriormente Creonte la castiga asesinándola.
26. Hasta hace algún tiempo, la jpg fue el lugar de encuentro en donde las personas que se reunían a hacer política, a resistir el necropoder del Estado nicaragüense, a sufrir el duelo recordando a los muertos. En palabras de Rancière (2009), la jpg se convirtió en un «reparto de lo sensible», que es “ese sistema de evidencias sensibles que al mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes respectivas” (p. 9). El lugar estaba atiborrado de pequeñas cruces que recordaban las vidas perdidas de más de 300 nicaragüenses. Pero pronto fue ocupado por nuestro Estado Mara y todo vestigio de cruces enterradas no quedó en otro lugar que en nuestra memoria. Que la Policía Nacional está permanentemente resguardando este y otros puntos de Managua es muy significativo, porque establece nuevas relaciones espaciales, una territorialización. Pérez Baltodano (2007) asevera que:
27. Cabe preguntarse, entonces, cómo esta territorialización propicia el estado de excepción. Mbembe (2011, p. 43) plantea que estas nuevas relaciones espaciales consisten en producir líneas de jerarquía, cuyo significado es claro: para nuestro Estado Mara, hay unas vidas que merecen ser recordadas y otras no, como en Antígona hay cuerpos que merecen ser sepultados y cuerpos que no. Hay vidas cuya representación vale menos que el armatoste navideño en la jpg, y cuyo recuerdo debe ser suprimido a la mayor brevedad posible, porque el duelo común, como veremos más adelante, es una acción política.[8]
24. Procedamos a establecer un paralelismo entre el simbolismo de la obra Antígona y el de la rotonda jpg. En la obra de Sófocles, el rey Creonte ordena construir una tumba para Eteocles, quien había muerto defendiendo su patria; y ordena, por el contrario, que a Polinices se lo deje insepulto, que nadie lo llore y que sea devorado por las aves caninas y los perros (2012, p. 216). Polinices, a pesar de ser oriundo de la patria de Creonte, lucha contra esta y, por tanto, es calificado como un traidor y como tal no merece ni siquiera ser sepultado como todos los demás ciudadanos; su vida valía menos ante los ojos del Rey.
25. Este pasaje de Antígona muestra que la idea de soberanía de un país muchas veces es empleada para ejercer violencia, para decidir qué vidas valen y cuáles no. Mbembe nos recuerda que “la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene” en una nación cuya identidad se concibe como la identidad contra el Otro (2011, p. 46). Antígona simboliza la resistencia contra el necropoder de Creonte: no le obedece a él, sino a la compasión que le suscita la idea de que su hermano Polinices quede insepulto. Ella procede a darle sepultura según los rituales de la Antigua Grecia y posteriormente Creonte la castiga asesinándola.
26. Hasta hace algún tiempo, la jpg fue el lugar de encuentro en donde las personas que se reunían a hacer política, a resistir el necropoder del Estado nicaragüense, a sufrir el duelo recordando a los muertos. En palabras de Rancière (2009), la jpg se convirtió en un «reparto de lo sensible», que es “ese sistema de evidencias sensibles que al mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes respectivas” (p. 9). El lugar estaba atiborrado de pequeñas cruces que recordaban las vidas perdidas de más de 300 nicaragüenses. Pero pronto fue ocupado por nuestro Estado Mara y todo vestigio de cruces enterradas no quedó en otro lugar que en nuestra memoria. Que la Policía Nacional está permanentemente resguardando este y otros puntos de Managua es muy significativo, porque establece nuevas relaciones espaciales, una territorialización. Pérez Baltodano (2007) asevera que:
… el imperativo territorial de las Maras es el producto de un instinto animal para obtener la seguridad que se deriva del control espacial y de la propiedad […].
El mismo instinto de control territorial de las Maras se percibe en el funcionamiento del Estado Mara. El Jefe controla todo el territorio nacional. Pero los ministros controlan —con la venia del Jefe— el espacio de sus propias instituciones.
27. Cabe preguntarse, entonces, cómo esta territorialización propicia el estado de excepción. Mbembe (2011, p. 43) plantea que estas nuevas relaciones espaciales consisten en producir líneas de jerarquía, cuyo significado es claro: para nuestro Estado Mara, hay unas vidas que merecen ser recordadas y otras no, como en Antígona hay cuerpos que merecen ser sepultados y cuerpos que no. Hay vidas cuya representación vale menos que el armatoste navideño en la jpg, y cuyo recuerdo debe ser suprimido a la mayor brevedad posible, porque el duelo común, como veremos más adelante, es una acción política.[8]
Las máquinas de guerra
28. Estas líneas de jerarquización son marcadas por distintas instancias del Estado nicaragüense, como la Policía Nacional, los cuerpos parapoliciales y el Ministerio de Salud.[9] Volvamos a la escena de la jpg y preguntémonos quiénes la ocupan. Aquí nos encontramos con las dos primeras entidades recién mencionadas. Estas, además de ejercer directamente el necropoder de nuestro Estado-Mara dándole muerte a sus enemigos ficcionalizados, están vigilantes de un armatoste navideño que desplaza el reparto de lo sensible hacia un lugar inespecífico y disperso, despojándonos así de los espacios que habíamos construido para sufrir el duelo.
29. Nótese la capacidad de metamorfosis que poseen estas máquinas de guerra. Siguiendo la línea de pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mbembe (2011, p. 58) aclara que las máquinas de guerra “se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancias”. Esta aseveración es constatable en el ejemplo que hemos seleccionado: mientras que la Policía Nacional y sus cuerpos parapoliciales, como instancias estatales, anteriormente ejercían el derecho de matar, de manera pública y masiva, ahora resguardan el armatoste que simboliza la cuasi omnipresencia del Jefe de la mara estatal.
30. Mbembe (2011, p. 59) también asevera que “el Estado puede, por sí mismo, transformarse en una máquina de guerra. Puede, por otra parte, apropiarse para sí de una máquina de guerra ya existente, o ayudar a crear una”. Y nuestro Estado Mara, no puede ser de otra forma, ha agotado sus posibilidades. Se convirtió a sí mismo en una máquina de guerra cuando impidió, a través de la ministra de salud, Sonia Castro, la atención de las personas heridas por la Policía Nacional. Además, de acuerdo con la investigación del equipo de Confidencial (5 de noviembre de 2018), que recoge los relatos de algunos trabajadores de la salud vinculados al sistema de salud pública, cuando el Estado decidió atender en los hospitales públicos, también giró órdenes expresas para la negligencia médica.
31. Pero también el Estado se ha apropiado de una máquina de guerra ya existente. Hablo de la Policía Nacional, cuya forma de proceder en casos como la masacre de Las Jagüitas demuestra que responden al necropoder estatal; es decir, al poder y la capacidad de decidir quién debe morir y quién puede morir. Además, es de considerable importancia la existencia del cuerpo parapolicial como una máquina de guerra. Mientras que el Estado lo legaliza como “policía voluntaria”, considero que tiene los rasgos de una máquina de guerra formalmente constituida y que su legalización no es más que otra práctica discursiva estatal que evidencia su necropoder. Me refiero a características como tener rasgos de ser una organización política, su capacidad para la metamorfosis, el presunto préstamo armamentístico que se le hizo al Ejército, y su organización difusa y polimorfa.
29. Nótese la capacidad de metamorfosis que poseen estas máquinas de guerra. Siguiendo la línea de pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mbembe (2011, p. 58) aclara que las máquinas de guerra “se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancias”. Esta aseveración es constatable en el ejemplo que hemos seleccionado: mientras que la Policía Nacional y sus cuerpos parapoliciales, como instancias estatales, anteriormente ejercían el derecho de matar, de manera pública y masiva, ahora resguardan el armatoste que simboliza la cuasi omnipresencia del Jefe de la mara estatal.
30. Mbembe (2011, p. 59) también asevera que “el Estado puede, por sí mismo, transformarse en una máquina de guerra. Puede, por otra parte, apropiarse para sí de una máquina de guerra ya existente, o ayudar a crear una”. Y nuestro Estado Mara, no puede ser de otra forma, ha agotado sus posibilidades. Se convirtió a sí mismo en una máquina de guerra cuando impidió, a través de la ministra de salud, Sonia Castro, la atención de las personas heridas por la Policía Nacional. Además, de acuerdo con la investigación del equipo de Confidencial (5 de noviembre de 2018), que recoge los relatos de algunos trabajadores de la salud vinculados al sistema de salud pública, cuando el Estado decidió atender en los hospitales públicos, también giró órdenes expresas para la negligencia médica.
31. Pero también el Estado se ha apropiado de una máquina de guerra ya existente. Hablo de la Policía Nacional, cuya forma de proceder en casos como la masacre de Las Jagüitas demuestra que responden al necropoder estatal; es decir, al poder y la capacidad de decidir quién debe morir y quién puede morir. Además, es de considerable importancia la existencia del cuerpo parapolicial como una máquina de guerra. Mientras que el Estado lo legaliza como “policía voluntaria”, considero que tiene los rasgos de una máquina de guerra formalmente constituida y que su legalización no es más que otra práctica discursiva estatal que evidencia su necropoder. Me refiero a características como tener rasgos de ser una organización política, su capacidad para la metamorfosis, el presunto préstamo armamentístico que se le hizo al Ejército, y su organización difusa y polimorfa.
El poder del duelo público como modo de hacer política
32. ¿Podríamos decir que Antígona hacía política mientras sufría el duelo de su hermano? Sí, porque resistía las arbitrariedades del Rey a la vez que las cuestionaba. Judith Butler (2006) encuentra en el duelo público una forma de hacer comunidad, una forma de hacer política. Aclara: “Elaborar el duelo y transformar el dolor en un recurso político no significa resignarse a la inacción; más bien debe entenderse como un lento proceso a lo largo del cual desarrollamos una identificación con el sufrimiento mismo” (p. 57). Considero que esta identificación ha de servirnos en el futuro para no volver a cometer los mismos errores. Para ello, este sufrimiento colectivo debe convertirse en un sentido de responsabilidad y de compromiso hacia el Otro. De esta forma, como sociedad responderemos ante nuestra vulnerabilidad con redes basadas en la solidaridad y el compromiso humanos que reconozcan al otro como un igual y, más aún, que nos reconozcamos a nosotros mismos en el Otro.
33. Debemos resistir las formas más sublimes en que el Poder ejerce su violencia, como la omisión discursiva. Cuando el discurso oficial asevera que son 195 las personas asesinadas por el “terrorismo” (su enemigo ficticio), está negando las vidas de más de 325 personas, las causas que los movieron al cambio y, sobre todo, se está reafirmando a sí mismo como un Estado justo. Butler asevera que “si la violencia se ejerce contra sujetos irreales, desde el punto de vista de la violencia no hay daño o negación posibles desde el momento en que se trata de vidas ya negadas” (p. 60). Como Antígona, hemos de resistir sufriendo el duelo que nos provoca la pérdida. Debemos resistir ideas que tratan de imponerse desde el Estado Mara y recordar que esas 325 personas tenían nombre, rostro, familia… Butler plantea que “ciertas vidas están altamente protegidas […]. Otras vidas no gozan de un apoyo tan inmediato y furioso, y no se clasifican incluso como vidas que «valgan la pena»” (p. 58). Esta deshumanización del Otro comenzó con su ficcionalización, en el plano discursivo, y repercutió en el plano biofísico.
34. El poder del duelo público no reside en un espacio físico. Ya que nuestro Estado Mara ocupa los espacios en que podríamos conllevar el duelo y hacer política, podemos elaborar un duelo público a través de las redes sociales, bajo el anonimato o empleando un pseudónimo. Pienso que los medios de comunicación independientes podrían abrir espacios para escuchar los sufrimientos de las personas dolientes. Bastaría con hablar en las pequeñas reuniones familiares sobre aquellas personas que han sido eliminadas tanto política como biofísicamente para, como establece Butler, “invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro siempre en relación con el Otro” (p. 72).
33. Debemos resistir las formas más sublimes en que el Poder ejerce su violencia, como la omisión discursiva. Cuando el discurso oficial asevera que son 195 las personas asesinadas por el “terrorismo” (su enemigo ficticio), está negando las vidas de más de 325 personas, las causas que los movieron al cambio y, sobre todo, se está reafirmando a sí mismo como un Estado justo. Butler asevera que “si la violencia se ejerce contra sujetos irreales, desde el punto de vista de la violencia no hay daño o negación posibles desde el momento en que se trata de vidas ya negadas” (p. 60). Como Antígona, hemos de resistir sufriendo el duelo que nos provoca la pérdida. Debemos resistir ideas que tratan de imponerse desde el Estado Mara y recordar que esas 325 personas tenían nombre, rostro, familia… Butler plantea que “ciertas vidas están altamente protegidas […]. Otras vidas no gozan de un apoyo tan inmediato y furioso, y no se clasifican incluso como vidas que «valgan la pena»” (p. 58). Esta deshumanización del Otro comenzó con su ficcionalización, en el plano discursivo, y repercutió en el plano biofísico.
34. El poder del duelo público no reside en un espacio físico. Ya que nuestro Estado Mara ocupa los espacios en que podríamos conllevar el duelo y hacer política, podemos elaborar un duelo público a través de las redes sociales, bajo el anonimato o empleando un pseudónimo. Pienso que los medios de comunicación independientes podrían abrir espacios para escuchar los sufrimientos de las personas dolientes. Bastaría con hablar en las pequeñas reuniones familiares sobre aquellas personas que han sido eliminadas tanto política como biofísicamente para, como establece Butler, “invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro siempre en relación con el Otro” (p. 72).
A modo de recapitulación
35. En este ensayo, nos hemos aproximado a las prácticas discursivas necropolíticas del Estado nicaragüense, de modo general. De modo particular, hemos estudiado cómo este se ha consolidado como el Estado Mara que Pérez Baltodano advertía desde 2007, cómo la mara estatal ha producido un enemigo a partir de la extensión de términos que se asocian con enemigos reales, la manera en que convierte a este enemigo en una amenaza para la seguridad y la soberanía nacionales, conduciendo al país a un estado de excepción propiciado por las máquinas de guerra. Finalmente, hemos concluido que el duelo es una herramienta que nos permite hacer política y cuyos efectos serían a largo plazo pero, sin duda, muy enriquecedores.
Lista de referencias
Butler, J. (2006). «Violencia, duelo, política». En J. Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia (Fermín Rodríguez, Tr.). (pp. 45-78). Buenos Aires: Paidós.
Confidencial. (5 de noviembre de 2018). Médicos exiliados en Costa Rica: "Convirtieron el sistema de salud en una arma represiva" [Archivo de video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6Woq7ocaj2U
El 19 Digital. (21 de abril de 2018). «Mensaje del Presidente-Comandante Daniel (21 de Abril del 2018)». El 19 Digital. Recuperado de https://el19digital.com/articulos/ver/titulo:76141-mensaje-del-presidente-comandante-daniel-al-pueblo-nicaraguense-21-de-abril-del-2018
Mbembe, A. (2011). Necropolítica (Elisabeth Falomir Archambault, Tr.). España: Melusina. Recuperado de ebiblioteca.org/?/ver/38711
Ortega Ramírez, P. (8 de septiembre de 2017). «Policías de Centroamérica, México y el Caribe reconocen a Nicaragua como un ejemplo de seguridad ciudadana». El 19 Digital. Recuperado de https://el19digital.com/articulos/ver/titulo:61312-policias-de-centroamerica-mexico-y-el-caribe-reconocen-a-nicaragua-como-un-ejemplo-de-seguridad-ciudadana
Pérez Baltodano, A. (2007). La gestación del Estado Mara. Anotaciones para un estudio de la descomposición política e institucional de Nicaragua. Recuperado de www.pensamientocritico.org/andper0108.html
Rancière, J. (2009). «Del reparto de lo sensible y de las relaciones que establece entre política y estética». En J. Rancière, El reparto de lo sensible. Estética y política (C. Durán, H. Peralta, C. Rossel, I. Trujillo, & F. Undurraga, Trads.). (pp. 9-19). Santiago: LOM Ediciones.
Rancière, J. (4 de diciembre de 2016). «Jacques Rancière: “La extrema derecha está volviendo a ser exitosa en su evocación de símbolos identitarios muy primitivos”» (F. Galende, Entrevistador). The Clinic. Recuperado de http://www.theclinic.cl/2016/12/04/jacques-ranciere-la-extrema-derecha-esta-volviendo-a-ser-exitosa-en-su-evocacion-de-simbolos-identitarios-muy-primitivos/
Sófocles. (2012). «Antígona». En Sófocles, Obras completas. (pp. 211-249). Madrid: Edimat.
Notas al pie
* Leonardo Arauz Chavarría es docente universitario. Entre sus intereses académicos está la relación entre las teorías del conocimiento y la filosofía política, tema que actualmente investiga. Ha publicado algunos cuentos e investigaciones que exploran la sensibilidad corporal y su relación con la política.
[1] El operativo de la doep tenía el objetivo de “detener” a los narcotraficantes que supuestamente viajaban en un carro similar al de la familia Reyes Ramírez. Cuando Salgado dice que fue un accidente, se refiere a que asesinaron a una familia que no era el objetivo. En otras palabras, no sería accidente si hubieran asesinado al blanco, y este asesinato constituiría en objetivo mayor del operativo, que al ciudadano común se le traduce como “seguridad”.
[2] Sabemos que la discusión moderna sobre qué es la «paz» es sumamente basta. No obstante, para los propósitos de este ensayo, entenderemos que la paz es la inexistencia de guerra.
[3] De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), para el 21 de abril las víctimas mortales eran más de veinticinco.
[4] Para leer discursos del Presidente sobre los (aparentes) enemigos del Estado, a saber, la «derecha golpista» y el «imperialismo yanqui», lea su discurso del 19 de julio; sobre el terrorismo, puede leer las entrevistas con los periodistas Óscar Valero, de Euronews, y Patricia Villega, de TeleSur.
[5] Me parece importante anotar que esta producción se alimenta, entre otras cosas, del imaginario colectivo y de la memoria histórica, i. e., de lo simbólico. Es por ello que siempre se alude a los enemigos de siempre: la derecha y el imperialismo. Lo anterior se hace con el fin de despertar viejos sentimientos y fidelidades en los denominados combatientes históricos, a pesar de haber sido olvidados y relegados por el sandinismo durante estos once años de su gestión.
[6] Ver las entrevistas a Edén Pastora en Canal 4: https://www.youtube.com/watch?v=xogGB86bfcw y https://www.youtube.com/watch?v=hXM_r0luK4E
[7] Se ha referido al tema tanto en las audiencias públicas del 169 período de sesiones de la cidh como en entrevistas a diferentes medios de comunicación. Según el director ejecutivo, la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha tenido tres fases, encaminándose hacia la cuarta. La primera es el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas y el violento desmantelamiento de los tranques; la segunda, la represión selectiva; y la tercera, la criminalización de la protesta.
[8] Hay otra aproximación que me gustaría anotar y que constituye otra excepción: los sujetos de derecho en Nicaragua. No muy largo de la jpg, está la Plaza de las victorias. En ella, constantemente se nos aparece la excepción de aquellas personas que pueden ejercer su derecho a la libre expresión: mientras que el Estado Mara mantiene a sus adeptos constante manifestándole su apoyo, a quienes disienten se les niega este derecho.
[9] Hay distintas instituciones estatales que han fungido como marcadoras de jerarquización, perpetradoras de violencia, etc., pero solamente me aproximaré a estas tres.